Un Concejo...

En mi ya largo trasegar por varias ciudades y recorrer caminos (sinuosos algunos, otros llanos y confortables),  asistí por primera vez a la sesión de un Concejo Municipal.

La reunión se convocó para las 9 am y empezó a las 9 y 45 (dizque que hora colombiana, comentaron los atrevidos) y a esa hora no había llegado la totalidad de los concejales.

Murmullo, mucho ruido, cuchicheos, risas, críticas,  de pronto un grito llamando a alguien, era lo que tipificaba el ambiente.

Al frente, con una pompa discreta, las 13 curules de los honorables concejales, 3 de las cuales eran respetables damas de la sociedad. Ninguno de ellos mostraba afán ni llevaba corbata.

Se iba a discutir si se le prolongaba el convenio a una empresa que en junio de 1998 (hacía veinte años) había sido contratada para proveer un servicio esencial a toda la municipalidad. La prestación de éste, durante los últimos diez años, fue criticada por miembros de la comunidad quienes se quejaron del incumplimiento, la mala calidad del servicio y la ineficiencia en atender los llamados para solucionar casos puntuales. Algunos sectores, para obligar a la ejecución de un  buen servicio, instauraron acciones populares y enviaron derechos de petición,  misivas respetuosas y el problema nunca se solucionó.

El concejal ponente, en una breve alocución, manifestó que como en la primera audiencia ya había hecho su disertación, llamaba ahora a los ediles, a la discusión final.

En el auditorio, había más de 100 personas de las cuales un porcentaje muy elevado eran  funcionarios públicos  que “vox populi” y en algazara desbordada expresaban su respaldo a la continuidad del contrato.

Quien presidía, enfatizó que el evento no era un Cabildo Abierto por consiguiente  no estaba permitido, por reglamento,  a nadie, distinto de los concejales, entrar en la discusión.

Éstos, empezaron a debatir. Algunas intervenciones fueron gaseosas, volátiles, poco centradas y otras con ánimo oportunista de querer “brillar” ante el grueso de espectadores, desconociendo al auditorio, ignorándolo, se sentaron literalmente en la palabra y se extendieron en  discursos fofos, vacíos, veintejulieros, sin argumentos. Solo dos de los cabildantes fueron acertados y objetivos.

Lo más lamentable, es que no había un procedimiento parlamentario acordado. Todos hablaban sin solicitar la palabra. Interrumpían la intervención de otro, arrebatándole su turno. El auditorio dejaba escuchar voces de protesta anónimas que eran calladas por la directiva con amenazas de retiro del recinto. En un momento pareció que se iba a armar una zambra. Entre el público había sujetos que definitivamente no respetaban la autoridad militar ni la de la mesa directiva. En actitud desafiante se campeaban como pavos por el hemiciclo.

El respetable,  reclamó la intervención de los abogados para dilucidar por qué la Administración se obstinaba en prorrogar un contrato leonino, abusivo y ventajoso que en nada favorecía a la ciudad ni a sus habitantes y que con creces había demostrado que solo favorecía a una parte.

Tomó la palabra un abogado que más parecía ser el defensor de una persona que de un ente administrativo. En resumen no aclaró, justificó ni dijo nada que aportara solución al conflicto. De él se esperaba que explicara las bondades de entregar el contrato a una empresa particular en vez  de dejarla en manos del Municipio, como pedía la gente. Pero el personaje, hablando de sanciones o penalidades por incumplimiento, aterrorizó a concejales y al auditorio con un castigo económico monumental, que impondría la concesionaria, sino se prorrogaba el convenio.

Pasadas tres horas, con suficiente ilustración, ya sabíamos cómo iba a quedar la votación porque cada interventor lo manifestó públicamente. Sabíamos que iba a ganar la Administración que quería prorrogar el contrato por otros diez años. La verdad es que la Ley de bancadas, un esperpento  creado mediante la Ley 974 de 2005 dizque para mejorar la  “representatividad” y la “legitimidad” pero que en realidad elimina la  autonomía, independencia, individualidad a congresistas, diputados, concejales, ediles,  etc. obligaba a los cabildantes a acogerse a una decisión de grupo sin importar el pensamiento personal. Y agregado a esto apareció  el adefesio de las coaliciones que son otro desaguisado político mediante el cual se apabulla al contendor a través de mangualas  grupales que une a antagonistas tradicionales (liberales con conservadores; gobiernistas con oposición, etc.) para “destruir” las pretensiones del contrincante.

Yo me salí del recinto sin conocer los resultados. Los conocí después  en las redes. 7 a favor de prorrogar el contrato y 6 en contra.

Lo que si me quedó muy claro, es que el pueblito no fue capaz de asumir un servicio que genera una ganancia bruta, neta de entre 100 y 200 millones de pesos mensuales. Que los concejales y la Administración Municipal  tenían miedo, mucho miedo,  que les aplicaran el artículo 53 de la Ley Anticorrupción y los acusaran  de negligencia por no haber tomado la  responsabilidad hace un año de rechazar el manido contrato, vigente y firmado de acuerdo a la Ley 80 (Ley de contratación estatal). También entendí que nuestros honorables concejales no son los voceros del Pueblo como lo pregonan  “Sotto y Tutto voce” y que no fueron elegidos por la Sociedad sino por los partidos a quienes se deben y con quienes ganan o pierden.

Cuentan quienes allí estuvieron que a lo último, hubo aplausos y abrazos de los aúlicos, los correveidiles, el corifeo de lobistas que definitivamente no se enteraron del mal que le hicieron a un pueblo entregándole a un privado un servicio que le podía aportar desarrollos a la ciudad.